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El INAF fue constituido por la Ley de creación del Institut Nacional Andorrà de Finances, del 12 de junio de 1989, como institución financiera de carácter público con el objetivo de facilitar el financiamiento del sector público, de ayudar al Gobierno a cumplir sus objetivos sociales i económicos y de asistir a las autoridades en la dirección de la política financiera y económica. Posteriormente, la Ley de modificación de la Ley de creación del INAF, del 3 de septiembre de 1993, definió al INAF como órgano técnico ejecutivo de la autoridad financiera del Principado de Andorra y le otorgó unas funciones adicionales derivadas de esta condición. Esta ley otorgaba a la Comisión Superior de Finanzas el poder de instruir los expedientes abiertos a las entidades del sistema financiero que no diesen cumplimiento a algunas de las prerrogativas establecidas en la normativa vigente y reservaba al Gobierno el poder sancionador.
Diez años más tarde, con la adopción de la Ley 14/2003 del 23 de octubre, la cual deroga las dos leyes mencionadas previamente, aumentaron la funciones de este Instituto con la finalidad de dotarlo de más independencia y, en líneas generales, de equiparar sus competencias a las de entidades supervisoras de otros países. Concretamente, el aumento de las funciones del INAF dependía de dotarlo de competencias en materia de supervisión y control, así como de incrementar su ámbito de actuación para permitirle emprender de forma autónoma actuaciones como inspecciones in situ; la substitución de administradores; la adopción de medidas cautelares, y también que le otorgase competencias sancionadoras. En este sentido, quedaba disuelta la Comisión Superior de Finanzas recayendo la facultad de instruir los expedientes en el INAF así como la relativa a sancionar infracciones leves y graves. El poder sancionador relativo a las infracciones muy graves concernía al Gobierno. A partir de la Ley 35/2010, del 3 de junio, de régimen de autorización para la creación de nuevas entidades operativas de sistema financiero, la facultad de sancionar las infracciones muy graves también recae en el INAF.
La ley del 2003 concede al Institut Nacional Andorrà de Finances las funciones propias de la autoridad del sistema financiero andorrano que son las de promover y velar por el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero andorrano, que es uno de los principales pilares de la economía andorrana y que se caracteriza por su reputación debido a su solidez y a la rigurosa aplicación de los estándares internacionales por lo que se refiere a su regulación.
También prevé que el INAF sea una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar pública y privadamente, con independencia de la Administración general. En el desarrollo de sus funciones, actúa con independencia respecto a la Administración general.
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